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Anonymous hackea la web de AEDE






Como todos sabréis, esta mañana a sido aprobada en el congreso la tan "odiada" ley de propiedad intelectual AEDE, y no se han echo de esperar las primeras reacciones. Anonymous ya a atacado la web de AEDE, y yo estoy deseando que San Google saque a todos los que están bajo el nombre AEDE de su index para que así no les visite ni dios.

Pasare a explicaros como esta el patio en estos momentos, la ley AEDE a sido aprobada y el 1 de enero de 2015 entrara en vigor. La reforma se ha aprobado  la mayoría absoluta del PP, no nos sorprende verdad? Verdad.

Y que es el Canon AEDE?

El Canon AEDE es una tasa que algunos editores de medios (entre ellos la Asociación de Editores de Diarios Españoles) lleva tiempo reclamando al Gobierno. Para ellos, agregadores como Google News se aprovechan de los contenidos que ellos mismos generan para rellenar sus portales.


Desde Google, uno de los principales afectados por el asunto del Canon AEDE, acaban de emitir un comunicado oficial en el que ofrecen su posición al respecto aunque no dan muchos más detalles de lo que seguirá a continuación.



Entre las principales novedades está el Canon AEDE o comunmente tasa Google, que es una reforma de la LPI. Y como a Marianin le gusta tanto Alemania, tiene que copiarlos en todo, y seremos OTRA VEZ el hazme reir del mundo, ya lo fuimos con el tema "tráeme pa`ca un cura con ébola" y mira que bien quedamos. Pero esa es otra historia.

Con el Canon Aede, no son pocos los que tienen que pagar, tendrán que pagar los que compartan enlaces, sip, como lo lees, si tu coges un enlace de un periódico o una web, pongamos que quieres compartir... por ejemplo, una noticia del periódico online "la razón" a ti se te cobraría. Pero no serán los únicos en tener que pasar por caja, las universidades también tendrán que pagar al citar fragmentos de obras dentro de su ámbito académico.

A que te estas preguntando como, verdad? Pues no creas que es tan difícil, ni siquiera tienen que llamar al juez para conseguir tus datos, a que te quedas de piedra, yo alucine. Todo esto es gracias al poder de la Sección Seguda, no os acordáis? es aquella ley que se creo con la popular Ley Sinde. Ahora tiene mas poder para actuar sobre web que, según su definición, infringen la propiedad intelectual, iran a por los que facilitan los enlaces, o les dan cualquier servicio.
Para iniciar el proceso, un poseedor de derechos tiene que justificar que ha mandado un email (sip, alucina) a una pagina, solicitando que quiten el contenido. Sino contesta, la Sección Segunda podrá "adoptar medidas" y en todo momento hablo de un órgano administrativo, no de un juez... y como en españa no hay corruptos...

La Sección Segunda podrá requerir la colaboración necesario de los prestadores de servicios de intermediación, de los servicios de pagos electrónicos y de publicidad. Tendrán pleno poder, entendéis no? y si estos servicios no colaboran? multa que te pego.



Dentro de la reforma también se estipulan sanciones económicas mucho más importantes para webs de enlaces y, no sólo eso, sino que se da más poder a la Sección Segunda. Este órgano administrativo, creado ya con la Ley Sinde, podrá ahora ordenar la suspensión de servicios (como publicidad o pagos) que se den a una página infractora y, además, podrá mandar la suspensión de dominios, todo ello sin la autorización de un juez. Los operadores, bajo mandato judicial (aunque el juez sólo decidirá si se acepta la propuesta o no), tendrán que bloquear el acceso a las páginas que infrinjan los derechos de autor si los afectados lo solicitan.
Finalmente está el asunto del canon digital. Se limita el concepto de copia privada (sólo una que lo sea de un original con soporte físico y legalmente adquirido lo es), con lo que se crea un vacío legal entre las otras copias que lo eran hasta ahora. El cargo se seguirá haciendo a los Presupuestos Generales del Estado pese a que el Tribunal Supremo consultó al Tribunal de Justicia de la UE sobre si esta práctica era procedente. Al final, cero cambios para una norma que choca en más de un punto con la legislación de la UE y que, además, será reformada de forma integral por el Gobierno en un plazo de un año.




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